Solidaridad con los trabajadores de Zimbabwe

Los trabajadores de Zimbabwe no son terroristas: Por un salario vital

USO, se ha dirigido al presidente de Zimbabwe, E D Mnangagwa, ante las amenazas que el gobierno de ese país africano está ejerciendo contra los trabajadores y el sindicalismo representado en el sindicato ZCTU, reclamando que acaben y pueda existir un mínimo de libertades para los trabajadores.

El sindicalismo internacional está muy preocupado por las acciones represivas que ejerce el gobierno de Zimbabwe con arrestos, secuestros, torturas y persecución de sindicalistas.

El 29 de julio de 2020, en una carta dirigida al presidente de Zimbabwe, la Confederación Sindical Internacional (CSI) ya condenaba el hecho de que la central sindical Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), así como la Crisis in Zimbabwe Coalition y la alianza Movement for Democratic Change hayan sido etiquetadas como organizaciones terroristas. Las amenazas contra dichas organizaciones provenían del partido gobernante ZANU-PF, advirtiendo a la población para que no participase en acciones de protesta, después de que el grupo Movimiento 31 de Julio -encabezado por el líder de la oposición Jacob Ngarivhume- convocase una manifestación contra la corrupción.

Por contra, el Gobierno de Zimbabwe ha intensificado la represión contra sus críticos y los sindicatos. El presidente del ZCTU, Peter Mutasa, fue incluido en una lista de personas buscadas por la policía. Se decretó el cierre total del país el 31 de julio, ordenando a la población permanecer en sus casas. El ejército y las fuerzas policiales se encargaron de arrestar, detener, intimidar y procesar a cualquier manifestante, mientras que aquellos que se consideraba habían tenido un papel destacado en la movilización de las acciones de protesta fueron secuestrados y torturados por supuestos miembros de las fuerzas de seguridad por intentar ejercer su derecho de reunión pacífica y asociación.

Desde entonces, el Gobierno de Zimbabwe ha perfeccionado el arte de la denegación y elusión de responsabilidades, en un intento por silenciar a la población. Describe a cualquiera que critique sus decisiones y su comportamiento como 'manzana podrida, fuerza oscura', etc. Ha sido condenado por diversas organizaciones y Gobierno, incluyendo la Comisión de la Unión Africana por la mano dura empleada contra manifestantes pacíficos.

Además, los trabajadores y trabajadoras de Zimbabwe sufren las consecuencias de la mala gobernanza, puesto que la economía se viene abajo con una inflación superior al 800%. Un trabajador que ganaba un salario mínimo equivalente a unos 400 USD al mes en 2018 ahora apenas estaría ganando 30 USD al mes. A esto se suma la introducción en junio de 2019 de una nueva moneda nacional carente de valor, el dólar RTGS, con la falsa pretensión de que era equivalente al dólar estadounidense. Aunque el Gobierno permite ahora que la mayoría de los bienes y servicios se adquieran pagando en dólares estadounidenses, los salarios siguen estando vinculados al dólar RTGS, lo que agrava aún más la situación de los trabajadores, peor hoy en día que tras el fin del Gobierno autoritario de Robert Mugabe.

En medio de un incremento de los casos de COVID-19 en el país, médicos y enfermeras están en huelga desde el 6 de junio de 2020, reclamando mejores salarios y equipo de protección personal (EPP). Sus líderes se enfrentan a cargos penales por convocar dicha huelga. Escudándose en las medidas de emergencia por la crisis de la COVID-19, el Gobierno ha aprovechado para reprimir las voces disidentes que expusieron corrupción en la adquisición de kits de pruebas de COVID-19 y medicamentos vitales, así como aquellos que intentan ejercer el derecho a manifestarse pacíficamente.

Una solución política resulta indispensable con vistas a un nuevo contrato social que permita al país salir adelante.

La CSI ha instado a sus afiliadas y asociadas internacionales -de ahí la carta de USO- a solidarizarse con la gente trabajadora en Zimbabwe, apoyando las demandas del ZCTU al Gobierno de Zimbabwe:

1. Poner fin a los continuos arrestos, secuestros, intimidación, acoso, tortura y persecución judicial de sindicalistas, sus familias y organizaciones de la sociedad civil, y dejar de calificarlos de terroristas;

2. Respetar los derechos humanos y el Estado de derecho y permitir a los ciudadanos ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluyendo del derecho de huelga;

3. Plena aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT de 2009;

4. Pagar a los trabajadores en una divisa que tenga valor, vinculada al umbral de la pobreza;

5. Permitir la mediación de la Unión Africana, la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y la Organización Internacional del Trabajo para facilitar de manera expeditiva un diálogo inclusivo para resolver la crisis socioeconómica y política en Zimbabwe.