Política climática, 'transición justa' y la calidad del gobierno


por Marina Povitikina y Bo Rothstein

Fuente: Social Europe

Los desafíos que anuncia el cambio climático no son sino formidables. Las políticas efectivas contra esta amenaza para el bienestar humano en nuestro planeta implicarán grandes cambios para muchos sectores de la economía y la sociedad en general. En noviembre de 2019, una coalición mundial de más de 11,000 científicos advirtió que la Tierra se enfrentaba a una 'emergencia climática', que causaría un 'sufrimiento humano indecible' a menos que se tomen medidas drásticas.

Muchas industrias dejarán de existir y muchos empleos desaparecerán. La crisis climática no tiene solución, lo que no implicará grandes costos para muchos sectores y las personas empleadas allí. La energía, la manufactura, la agricultura y la silvicultura, que actualmente emplean a millones de trabajadores, tendrán que sufrir una reestructuración seria.

La idea de "transición justa" fue iniciada por la Confederación Sindical Internacional, por temor a que los trabajadores se vean obligados a asumir los costos, lo que lleva al desempleo y la exclusión . El acuerdo climático de París se refiere a la idea, lo que implica que los gobiernos se comprometen a diversas políticas para ayudar a los trabajadores que pierden sus empleos a obtener nuevas habilidades u otras formas de apoyo. La pregunta central es si los votantes confiarán en que sus gobiernos son capaces de implementar las políticas necesarias para una 'transición justa'.

Políticas de "mercado laboral activo"

La reestructuración económica no es nada nuevo: a lo largo de la historia del capitalismo moderno, muchos sectores y ramas se han reducido drásticamente o incluso han desaparecido (agricultura, minería, operadores de centralitas, máquinas de escribir ...). En algunos países, las políticas de "mercado laboral activo" han sido una gran parte de la ambición de los gobiernos de facilitar la transición para los individuos causada por la innovación tecnológica, la competencia de países con salarios más bajos u otras formas de cambio estructural en la economía. Estas han implicado un amplio asesoramiento, recursos para el reciclaje y la mejora de habilidades, ayuda para que los desempleados se muden a áreas con mejores oportunidades de trabajo, trabajos de ayuda temporal, etc.

Sin embargo, este es un tipo de política bastante difícil de implementar. Cada persona que está, o es probable que quede desempleada, es única, en términos de habilidades, edad, situación social y familiar, educación, ambiciones e intereses, en resumen, todo lo que hace a una persona adecuada para un trabajo específico. No se puede establecer exactamente qué tipo de apoyo necesita el individuo para encontrar un nuevo trabajo en una ley o principios generales (en contraste, por ejemplo, los derechos de pensión).

En cambio, a los 'burócratas de la calle' que implementarán la política se les debe dar una gran discreción sobre cómo se puede apoyar mejor a cada persona desempleada. Como es bien sabido por la investigación sobre los problemas de implementación de políticas públicas, tal discreción es algo sensible cuando se trata de garantizar la legitimidad de la política: la persona desempleada en cuestión puede sentirse "a merced" de la agencia implementadora.

Calidad de gobierno

Cuando se trata de ganar apoyo para una política, esta cuestión de la calidad de la institución gubernamental responsable de la implementación a menudo se descuida. Es muy probable que la gente piense que una política en sí misma es una empresa que vale la pena, pero desconfía de la capacidad del gobierno para implementarla de manera justa y competente. Pero al obtener el apoyo de los votantes, este aspecto de la calidad de gobierno es tan crucial como su orientación ideológica.

El sociólogo sueco Stefan Svallfors ha explorado datos de encuestas de 29 países europeos, incluidas preguntas sobre la equidad y la competencia de las autoridades públicas (salud pública e impuestos) y las inclinaciones ideológicas y las preferencias políticas de los encuestados. Él ha demostrado que, en general, existe una preferencia por una mayor igualdad económica, y un encuestado en un país donde cree que estas dos autoridades son básicamente justas y competentes afirmará su disposición a pagar impuestos más altos para un mayor gasto social. Sin embargo, en un país donde los ciudadanos perciben que estas dos instituciones están tratando a las personas injustamente o carecen de competencia, el mismo "tipo ideológico" izquierdista de encuestados preferirá impuestos más bajos y menos gasto social.

Encontramos el mismo patrón cuando se trata de apoyar las medidas de política que abordan el cambio climático. Por ejemplo, se reconoce que los impuestos al carbono son una de las herramientas más rentables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque numerosos estudios en investigaciones de opinión política muestran que las personas a menudo no apoyan los impuestos al carbono si no confían en sus gobiernos.

En su reciente estudio de 23 países europeos, los sociólogos Malcolm Fairbrother, Ingemar Johansson Sevä y Joakim Kulin muestran que, mientras que la mayoría de los europeos (78 por ciento) cree en el cambio climático antropogénico y se preocupa por sus peligros, solo una minoría (33 por ciento) Apoyar el aumento de los impuestos a los combustibles fósiles. Los investigadores demuestran de manera convincente que las personas preocupadas por el cambio climático y sus efectos solo respaldan los impuestos al carbono si confían en sus gobiernos. Del mismo modo, los politólogos Dragana Davidovic, Niklas Harring y Sverker Jagers muestran que la ideología política de izquierda solo explica el apoyo a los impuestos ambientales en países con alta calidad gubernamental, pero no importa en contextos con baja calidad de gobierno.

Imperio de la ley

Para que los impuestos ambientales obtengan más apoyo público, los líderes políticos pueden considerar varios tipos de compensaciones específicas: reembolsos de impuestos o redistribución para mejorar la equidad, subsidios por usar electricidad 'verde' o cambiar a autos eléctricos e híbridos, más información y programas educativos sobre las ventajas de proteger el medio ambiente. Dichas medidas basadas en recompensas se apoyan mejor en países en los que las personas confían más en sus gobiernos y entre sí; las medidas coercitivas, como las fuertes multas, son más populares en países menos confiables. Sin embargo, para tener éxito, todos estos instrumentos requieren una implementación efectiva, lo cual es difícil de lograr sin una administración pública competente, en gran medida no corrupta y un fuerte estado de derecho.

Si hay una cosa que la ola actual de políticos populistas tiene en común, atacan precisamente la competencia, la honestidad y la equidad de las instituciones públicas con la responsabilidad de implementar políticas públicas. Los populistas a menudo señalan cuestiones relacionadas con la corrupción y la incompetencia cuando atacan las políticas para lograr el cambio climático. Abordar estas inquietudes sobre la calidad del gobierno es, por lo tanto, primordial si se va a apoyar políticas para abordar el cambio climático como tal, y las medidas de 'transición justa' que seguirán.