Migraciones y asilo europeo, un panorama restrictivo y con pocas salidas
La situación de las personas migrantes y refugiadas en España y en Europa no para de empeorar. Si hace un mes el fuego destruyó el campamento de refugiados de Moria, donde cerca de 13.000 personas malvivían hacinadas y en condiciones infrahumanas; actualmente la situación de los migrantes irregulares no es mucho mejor.
Por otro lado, la costa canaria se está viendo absolutamente desbordada con la llegada de centenares de migrantes (más de 8.000 han llegado a las islas en lo que va de año, lo que supone un 700% más que en el anterior) que se están viendo bloqueados en el archipiélago. Se ha facilitado la recogida de varios de ellos en los hoteles vacíos por la pandemia, pero aún así el mensaje es claro desde España: se está avisando de que Canarias es su último destino y que no van a ser trasladados al continente europeo; siendo la deportación su itinerario más probable. Muchas organizaciones sociales señalan que la situación es complicada ya que hay riesgo de que se repitan situaciones y sensaciones de "encarcelamiento" como las que ya se producen en Ceuta y Melilla; además de que la única vía de entrada que les quedaría tanto a magrebíes como subsaharianos sería reclamar asilo. Todo esto en un contexto en el que la extrema derecha trata de escorar hacia sus posiciones xenófobas a la ciudadanía, inmersa en la preocupación por la crisis sanitaria y las consecuencias devastadoras que está teniendo en el aumento de los niveles de paro y pobreza.
En cuanto a los refugiados que fueron evacuados de Moria, éstos actualmente están siendo trasladados a un nuevo campo en la isla de Lesbos. Unas 9.000 personas se encuentran ya en el campamento y, de entre ellas, hay 213 contagiados por coronavirus. Muchos de ellos rechazan este traslado ya que temen que este no sea temporal, si no una continuación del horror vivido en Moria.
La reacción de España y la Unión Europea ante esta situación, está dejando mucho que desear. Movida entre la desidia y la postergación en la toma de decisiones y el continuismo en las políticas de expulsión y blindaje de fronteras; no parece tener una apuesta decidida por la protección de los derechos fundamentales. En España los movimientos son tímidos y las organizaciones que trabajan en temas de migración y asilo se hallan en vilo ante la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado; especialmente en lo que concierne a la cantidad y la rapidez del desembolso que irá destinada a acoger a las personas que lleguen al país en busca de protección o por un futuro mejor. Un cambio en los procedimientos de acogida podría suponer un retraso en la obtención de las ayudas que supondría graves problemas para el sistema de asilo.
La UE, por su parte, ha aprobado un Nuevo Pacto de Migración y Asilo a todas luces decepcionante. El Pacto contempla un "menú a la carta" en el que, como subraya Estrella Galán directora general de CEAR, "los países van a poder elegir entre patrocinar repatriaciones o asumir reubicaciones de personas, lo que traiciona la esencia del Pacto de Migraciones de la ONU". Este último, el Pacto Mundial sobre Migración firmado en 2018 por 164 países, entre ellos España, ni siquiera se menciona en el nuevo Pacto de la UE.
Además, la aprobación de esta "nueva" política de migración refuerza el procedimiento acelerado de expulsión en la frontera al aplicar un criterio de nacionalidad por el cual se examinarán rápidamente las solicitudes de asilo detectando aquellas procedentes de países con bajas tasas de reconocimiento; lo que contraviene la esencia del derecho de asilo. A esto hay que añadirle el reforzamiento del aparato de control de las fronteras, el Frontex, con un cuerpo permanente de más de 10.000 efectivos que se desplegarán a partir del 1 de enero de 2021.
Todas estas medidas y políticas que se están tomando en este terreno suponen una concesión a los posicionamientos de los denominados países del "Grupo de Visegrado" (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), que han presionado para que la Comisión Europea no utilice el criterio del Tratado de Lisboa de mayoría cualificada, si no el consenso del máximo denominador; para así poder realizar una política de asilo a la carta y que estos países puedan limitarse a apoyar materialmente las expulsiones. Esto último ni siquiera queda garantizado en el Pacto; lo que demuestra que continúa la obsesión por el control de fronteras y se relega, como viene siendo habitual, un planteamiento más global y garantista en materia de derechos humanos de las personas migradas.