Estudio sobre la situación de los derechos humanos en 4 empresas españoles en Perú
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú. EQUIDAD
Se ha realizado un estudio sobre las empresas de matriz española, BBVA, Prosegur, Repsol y Telefónica que operan en Perú. Se ha realizado estudiando previamente la legislación española y las normas españolas o de la OCDE que obligarían a esas empresas a tener un comportamiento responsable y cuáles son las capacidades de España, donde tienen su sede global, a verificar ese cumplimiento.
La primera comprobación es que el Plan de Derechos Humanos para las empresas españolas es una versión de las líneas directrices de la OCDE, de asunción voluntaria, y con grandes lagunas en cuanto a su falta de desarrollo, tal y como se recogen en las Recomendaciones del Comité de derechos económicos, sociales y culturales sobre las obligaciones de España en materia de empresas y derechos humanos (2018) que señala la necesidad de establecer mecanismos eficaces de aplicación de la diligencia debida, que se fortalezca el marco normativo aplicable para asegurar la responsabilidad legal y los mecanismos para investigar las denuncias presentadas contra las empresas.
El estudio abarca varias facetas, derechos humanos en el trabajo, justicia fiscal (sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las compañías, transparencia y prácticas de no elusión fiscal) y justicia ambiental.
Pues bien, en todos estos apartados, y en diferentes grados de grises, sobre estas cuatro empresas, hay quejas fundamentadas sobre su comportamiento:
- Hay quejas sobre prácticas empresariales y gerenciales sobre restringir u obstruir la libertad sindical; dilatar indebida y perjudicialmente los procesos de negociación colectiva; obstaculizar la elección de Comités de Seguridad y Salud Ocupacional; crear categorías profesionales para rebajar salarios por trabajos equivalentes, etc. Se analizan los datos de conflictividad, litigiosidad y reclamaciones ante los tribunales o inspección laboral.
- Con respecto a la justicia fiscal, se comprueba el uso y abuso de filiales en paraísos fiscales o en países y soberanías para practicar la minimización de la factura fiscal, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Delaware, ... con complejas estructuras societarias que ocasionan pérdidas de ingresos fiscales, por producción o venta en Perú, pero que los beneficios se los llevan los accionistas, restando reversión parcial de la riqueza generada en Perú. Es de destacar la relevante cifra de litigios entre la administración fiscal peruana y alguna de las empresas mencionadas.
- Por último, existen quejas sobre la falta de respeto a un medio ambiente sostenible, por falta de previsión, con deterioro y no reparación por aguas no tratadas, exceso de fósforo o lodos y, por supuesto, de mecanismos de reparación.
El estudio finaliza dando unas recomendaciones que dibujan, sin decirlo, la necesidad de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. En todo caso, que el Plan español de derechos humanos y empresas se desarrolle y se complemente con mecanismos normativos, como la información no financiera. También, la necesidad de diálogo, la participación de todos los agentes, sindicatos, asociaciones y empresarios, con labores de sensibilización y de coste corporativo hacia las empresas incumplidoras, que faciliten climas de respeto, y defensa de los derechos humanos en el mundo productivo.
Informe: https://docs.wixstatic.com/ugd/6f0244_fb78ac7751d142b59bab8c12657318b4.pdf
Otros trabajos de EQUIDAD, sobre China: https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/INFORME%20FIDH%20-%20EQUIDAD%20VULNERACIONES%20DDHH%205%20CHINA%202018.pdf