SOTERMUN apoya la campaña europea contra los tribunales privados (ISDS)
SOTERMUN apoya la campaña europea contra los tribunales privados (ISDS) que permiten a las multinacionales demandar a los gobiernos
SOTERMUN apoya la campaña 'Paremos a las multinacionales. Stop ISDS'. 'Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales'.
En esta campaña está USO y una gran coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de 18 países de la UE.
Las organizaciones de la plataforma pretendemos recoger un millón de firmas en el ámbito europeo. Ya ha empezado la recogida de firmas el pasado 22 de enero coincidiendo con el primer día del Foro Mundial Económico en Davos y tiene una duración prevista de un año. A su vez se ha acordado la realización de dos acciones globales de movilización ciudadana europea común en los meses de abril y octubre de este año. De momento, en una semana, ya hay recogidas más de 230.000 firmas.
La razón de la campaña es reclamar la eliminación del sistema de 'solución de controversias entre inversores y estados' (ISDS en sus siglas inglesas) que permite que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos si aquellas consideran que los segundos están obstaculizando sus beneficios económicos, por medio de un arbitraje privado y no el sistema judicial de los Estados.
USO y la Campaña, por el contrario, aboga por un tratado internacional vinculante acompañado de una ley estatal, que permita responsabilizar a las transnacionales de la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde tenga actividad.
El mecanismo ISDS se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Acuerdo UE-Canadá (CETA) y UE-Japón (JEFTA).
El Estado español es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales. Si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos.