Apoyo de USO al Tratado vinculante de Empresas y Derechos Humanos
Apoyo sindical al tratado vinculante de empresas y derechos humanos
USO se ha dirigido al Gobierno español, y también la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en la que está SOTERMUN, mostrando su apoyo al Tratado vinculante de empresas y derechos humanos que se está discutiendo estos días en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Se da la circunstancia de que España tiene la condición de miembro de dicho Consejo durante el período 2018-2020.
En concreto, en esta semana del 15 al 19 de octubre, se está desarrollando la IV Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental que tiene que redactar un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
USO y SOTERMUN han reclamado al Gobierno de España su participación activa y constructiva para garantizar el acceso a la justicia para las personas y las comunidades potencialmente afectadas por conductas de ciertas empresas, y poner fin a su impunidad empresarial frente a las reticencias de las transnacionales y su capacidad de influencia en muchos gobiernos.
El conjunto del movimiento sindical y numerosas organizaciones sociales, estamos comprometidos en la existencia y la puesta en marcha de este tratado. No es suficiente con el sistema de regulación actual basado en la voluntariedad y arbitrariedad de la propia empresa a través de instrumentos como la Responsabilidad Social Corporativa, o el compromiso con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
Por eso desde USO y SOTERMUN apoyamos que existan procedimientos normativos de denuncia, supervisión y reparación de prácticas dolosas cometidas por las multinacionales y sus cadenas de valor. Es necesario también la universalización de la diligencia debida. Esta misma opinión ha sido refrendada por el Parlamento Europeo que aprobó una Resolución sobre este tema, el pasado 4 de octubre.
Los casos de Chevron en Ecuador, o el derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh con más de 1.000 trabajadores fallecidos, o el caso de Aznalcollar en España podrían haber tenido otros diferentes finales de haber existido un tratado vinculante