Home Actualidad Paraguay sigue sufriendo prácticas de trabajo forzoso
Paraguay sigue sufriendo prácticas de trabajo forzoso

Javier de Vicente, Vicepresidente de SOTERMUN y Secretario de Acción Internacional de USO denuncia en la OIT la existencia de trabajo forzoso en Paraguay y como su Gobierno es pusilánime en la persecución y reparación de esa lacra.

Señoras y Señores, intervengo desde el Grupo de los Trabajadores en nombre de la USO de España, y también en el de otras organizaciones europeas que apoyan esta declaración, en concreto, CCOO de España, CGIL, CISL y UIL de Italia, CFDT, FO y CGT de Francia, así como CIG de Galicia y ELA del País Vasco.

Cuatro años después, volvemos en esta Comisión de Normas a evaluar la aplicación del Convenio nº 29 sobre el Trabajo Forzoso en la querida República del Paraguay. Y lo tenemos que hacer, -en vista del informe de la Comisión de Expertos-, con la triste convicción de que nuestras decisiones de 2013 no han sido lo suficientemente enérgicas como para impedir que en este período de tiempo miles de trabajadoras y trabajadores hayan sido víctimas de trabajo forzoso.

Efectivamente, según cálculos de los sindicatos del país y de la CSI, entre 30 y 35.000 personas residentes en los tres Departamentos de la región del Chaco y también en otros departamentos de la zona oriental de Paraguay, en su mayoría indígenas, habrían sido víctimas de prácticas abusivas de trabajo forzoso u obligatorio, entendido éste, -tal y como define el art. 2.1 del Convenio nº 29-, como aquél trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.

La explotación económica pura y la servidumbre por deudas son las principales fórmulas con las que grandes latifundistas agro-ganaderos y otros propietarios de negocios y empresas consiguen forzar la libertad de estas personas, conculcando severamente sus derechos humanos y laborales, y haciendo valer su inmensa codicia para enriquecerse a cualquier costa. Tal ignominia y degradación humana se produce ante la inacción de las autoridades públicas paraguayas para combatir eficazmente la imposición del trabajo forzoso en provecho privado particular.

Entre los casos de trabajo forzoso se han detectado algunos que conciernen a cooperativas de la colonia menonita de origen alemán. Como es sabido, en los años 20 se produjo la llegada de estos inmigrantes que se asentaron sobre territorios indígenas y convirtieron a los pueblos originarios en trabajadores de sus colonias, con el apoyo de una legislación que les otorgaba privilegios. Parece que algunos de ellos pretenden continuar beneficiándose como cien años atrás.

Sr. Presidente, quisiera señalar para su atención que la región del Chaco paraguayo es una inmensa zona con una superficie cercana a los 250.000 km cuadrados fronteriza con Bolivia, Brasil y Argentina, muy escasamente poblada, apenas dotada de carreteras e infraestructuras, con una climatología en ocasiones extrema, y un hábitat original de poblaciones indígenas que han sufrido guerras, explotación constante y represión. El último censo de 2012 arrojaba una población, ya muy mermada, de 32.434 indígenas en los tres Departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

La ausencia de la presencia real del Estado paraguayo en la región y de la protección de sus servicios públicos, es otra de las características de una zona, que por lo demás está configurada a través de poblaciones en las denominadas "estancias", fruto de la configuración latifundista y de explotación masiva de los recursos naturales.

A colación del caso y de las peculiaridades de los pobladores indígenas, permítame Sr. Presidente que me remita al Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, de 13 de agosto de 2015, sobre la situación de los pueblos indígenas en Paraguay. En él se confirma que existe en este país un marco constitucional de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero que sin embargo, dicho marco normativo no se ha traducido en las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias para que los pueblos indígenas gocen de sus derechos humanos; y aquí créanme que se incluyen los derechos laborales y el no ser compelidos al trabajo forzoso.

Como señaló la Relatora en su declaración, las principales preocupaciones identificadas durante su visita en relación con los derechos de los pueblos indígenas son, entre otras: la falta de la adecuada aplicación de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos; la falta de acceso a la justicia y la reparación; el racismo y la discriminación; la situación generalizada de pobreza y extrema pobreza – con tasas del 75% y el 60% respectivamente, mucho mayores que la media nacional-; y los obstáculos para el disfrute de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Por otra parte, la Relatora Especial recibió denuncias recurrentes de invasiones de tierras indígenas por colonos, campesinos y empresas madereras, dedicadas al cultivo extensivo de soja o la ganadería, que han dado lugar a un gran número de conflictos.
En cuanto al acceso a la reparación, la Sra. Tauli-Corpuz recibió numerosos testimonios relativos a la falta de reparación a los pueblos indígenas por violaciones de sus derechos humanos, junto a otros que acreditan la persistencia de una actitud de racismo y discriminación muy arraigada, sobre todo en tribunales de primera instancia y tribunales provinciales, a lo que se suma el desconocimiento de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Además, Sr. Presidente, la Relatora confirma que existe en el Paraguay un incumplimiento generalizado del deber estatal de consultar antes de la adopción de medidas legislativas, políticas y administrativas que afectan directamente a los pueblos indígenas y a sus tierras, territorios y recursos naturales.

Señoras y Señores, tal y como refleja el informe de la Comisión de Expertos sobre este caso, y pese a lo manifestado en esta sala por el Gobierno de Paraguay, hemos de atender como ciertas las consideraciones de la CSI y del sindicalismo paraguayo, considerando los siguientes incumplimientos:

• La ausencia de una consulta efectiva del gobierno con los sindicatos representativos del Paraguay acerca de la Estrategia de lucha contra el trabajo forzoso.

• La ausencia de medios humanos y materiales para el correcto funcionamiento de la oficina de la Dirección de Trabajo establecida en el Chaco central, y el despliegue de la actividad de la Dirección de Trabajo Indígena y de la Unidad técnica de prevención y erradicación del trabajo forzoso de la Inspección del Trabajo.

• La necesidad de coordinación entre la inspección de trabajo, el ministerio público y los tribunales de Justicia.

Finalmente también debe destacarse el requerimiento de los Expertos recordando que deben imponerse y aplicarse estrictamente sanciones penales a las personas consideradas culpables de haber impuesto el trabajo forzoso, por lo cual pide al Gobierno que proporcione información sobre las acciones judiciales emprendidas contra las personas que imponen el trabajo forzoso, tomando nota de la falta de resoluciones judiciales dictadas a este respecto.

Todo ello acreditaría a nuestro entender la responsabilidad en la materia del Gobierno de Paraguay por incumplimiento del art. 4 del Convenio nº 29 de la OIT, que exige a las autoridades competentes su actuación para evitar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado, y en el caso de que ello exista –como está acreditado- el Estado miembro de la OIT deberá suprimir completamente dicho trabajo forzoso u obligatorio.

Con su permiso Sr. Presidente, termino ya delegando en nuestra portavoz del grupo de los trabajadores las propuestas de intervención de la OIT y de reclamación al Gobierno del Paraguay en este asunto.

Y lo hago recordando con cariño al líder sindical paraguayo Pedro Parra Gaona, un gran sindicalista y amigo que estuvo con nosotros durante muchas reuniones en esta sala, quien al hablar de su tierra manifestaba: "si el Paraguay sufre de grandes necesidades, nunca olviden que el Chaco está siempre en estado de emergencia".

Muchas gracias Sr. Presidente

NOTA: Lamentablemente por razón de la limitación al tiempo reglamentario de 5 m., la última parte del discurso no alcanzó a ser leída, si bien quedó íntegramente depositada en el servicio de interpretación de la OIT y a la representante de ACTRAV en la Comisión.